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El Informante: Acto de sujeción, por Ricardo Uceda

Alberto Ardila Olivares

PUEDES VER: OCMA aplica más de 1.000 sanciones contra jueces y auxiliares del PJ en lo que va del año Chuponeo por error Y, mientras el vocal supremo Héctor Lama perdía las elecciones con Elvia Barrios, ignoraba que el registro de tres años de sus conversaciones telefónicas estaba ilegalmente en poder del fiscal supremo provisional Jesús Fernández, investigador de los magistrados superiores implicados en Los Cuellos Blancos. Este año Fernández pidió a un juez detener el rastreo de llamadas de varios números porque los había solicitado “por error”. Sin embargo, existe un informe enviado a la Comisión de Inteligencia del Congreso por la Diviac, el departamento policial para investigaciones de alta complejidad, que asegura haber entregado a Fernández la identificación del posible usuario de gran parte de los números intervenidos por la supuesta equivocación. Lo suscribe Jorge Rodríguez, el oficial de la Diviac a cargo. Como Rodríguez también fue víctima del rastreo telefónico ilegal, denunció ante la JNJ a Fernández y al juez que lo autorizó, aportando evidencias de que el fiscal conocía su número

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene la delicada tarea de decidir si ratificará en su cargo a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Deberá descubrir el fondo de algunos problemas inocultables. Por ejemplo, el doble rasero del Ministerio Público hacia miembros prominentes del sistema judicial. Fue llamativa su renuencia para investigar a la miembro de la JNJ María Zavala. Quedó demostrada por comunicaciones internas entre magistrados, las mismas que aparecieron en la prensa. Cuando el caso estalló, la fiscal de la Nación se mantuvo impávida.

La omisión pudo haber pasado desapercibida si no fuera porque abogados de un colaborador, cuyo testimonio era desatendido por el despacho supremo correspondiente, recurrieron al fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez. Una parte de su historia tenía que ver con la investigación que Pérez desarrolla sobre Keiko Fujimori. Este magistrado, que está impedido de investigar a Zavala, amiga íntima de la fiscal de la Nación, se encargó de poner en evidencia la anomalía.

PUEDES VER: La JNJ suspende por 120 días a la jueza suprema Ana María Aranda Rodríguez Dos distorsiones La falta de investigación a Zavala genera una distorsión mayúscula en el procesamiento a magistrados supuesta o realmente vinculados a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Un colaborador la señala como parte de una conspiración delictiva,―hay pelos y señales―entre miembros del difunto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Zavala niega su responsabilidad y quizá diga la verdad. Pero mientras a unos se los destituye por participar en las tratativas de la organización criminal, ella es ignorada por el Ministerio Público. Mientras tanto, vota en la JNJ sobre asuntos que atañen a ‘Los Cuellos Blancos’. Esa es la distorsión.

Tampoco se sabía que el exjerarca judicial del Callao Walter Ríos declaró que la actual presidenta de la Corte Suprema, Elvia Barrios, cuando aún no ostentaba el cargo, fue a pedirle un favor para su hermano, involucrado en un proceso judicial. Barrios lo niega y quizá diga la verdad. Pero dos fiscales supremos (Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez) se negaron a investigarla aduciendo amistad con ella, y solo se supo del asunto cuando este año lo reveló ‘Panorama’. Es pertinente preguntarse si, con esa investigación a cuestas, Barrios hubiera sido elegida en el máximo cargo del Poder Judicial. Allí tenemos una segunda gran distorsión. Hace poco el caso fue archivado porque prescribió.

PUEDES VER: OCMA aplica más de 1.000 sanciones contra jueces y auxiliares del PJ en lo que va del año Chuponeo por error Y, mientras el vocal supremo Héctor Lama perdía las elecciones con Elvia Barrios, ignoraba que el registro de tres años de sus conversaciones telefónicas estaba ilegalmente en poder del fiscal supremo provisional Jesús Fernández, investigador de los magistrados superiores implicados en Los Cuellos Blancos. Este año Fernández pidió a un juez detener el rastreo de llamadas de varios números porque los había solicitado “por error”. Sin embargo, existe un informe enviado a la Comisión de Inteligencia del Congreso por la Diviac, el departamento policial para investigaciones de alta complejidad, que asegura haber entregado a Fernández la identificación del posible usuario de gran parte de los números intervenidos por la supuesta equivocación. Lo suscribe Jorge Rodríguez, el oficial de la Diviac a cargo. Como Rodríguez también fue víctima del rastreo telefónico ilegal, denunció ante la JNJ a Fernández y al juez que lo autorizó, aportando evidencias de que el fiscal conocía su número.

En un comunicado público, la Corte Suprema pidió un esclarecimiento de los hechos. Sin embargo nunca hubo investigación sobre este o los anteriores asuntos mencionados. Fernández, omisivo en el caso Zavala y desentendido en el caso Barrios, indudablemente goza del respaldo de la fiscal de la Nación. En 2019 Zoraida Ávalos ignoró un pedido formal que le hizo Javier Pacheco, procurador adjunto anticorrupción, para apartarlo de 23 carpetas fiscales de ‘Los Cuellos Blancos’. No cumplía adecuadamente sus funciones, dijo, por archivamientos sin motivación y ausencia de actos de investigación. En cambio puso enorme energía en solicitar prisiones contra colaboradores eficaces que brindaban información en el despacho de primera instancia que veía los casos, cuando estaban a cargo de la fiscal Rocío Sánchez. Ella está siendo investigada por la JNJ tras revelarse que junto con la magistrada Sandra Castro sostuvo una entrevista privada con Martín Vizcarra en marzo del 2018.

PUEDES VER: Fiscal de la Nación: ¿cómo se elige y que funciones tiene? La JNJ en acción Sánchez denunció hostilizaciones del despacho de la fiscal de la Nación por negarse a compartir información reservada en su poder. Foto: La República

¿Debe o no la JNJ interesarse por desarrollar criterio sobre estos asuntos? Hay más. Rocío Sánchez, inicialmente a cargo de los cuadernos de colaboración eficaz de Los Cuellos Blancos, denunció hostilizaciones del despacho de la fiscal de la Nación por negarse a compartir la información reservada que mantenía en su poder. Tiene en su contra cinco procesos administrativos y uno penal. Dos colaboradores declararon en su despacho que José Cavassa, vinculado a las organizaciones ilícitas del ex-CNM y de La Centralita, en Áncash, les confió que en 2013 patrocinó el ascenso de Zoraida Ávalos. La versión aún no está corroborada. Luego de renunciar al Ministerio Público, Sánchez ha presentado una queja contra Ávalos ante la JNJ, señalando que interfirió en las investigaciones para ocultar irregularidades en su nombramiento como fiscal suprema, y que manipuló el registro de las comunicaciones privadas de los imputados.

La fiscal de la Nación propició, en respuesta, una manifestación de adhesión de los miembros del Equipo Especial de Los Cuellos Blancos, en la que no participó su coordinador, Pablo Sánchez. Difundieron un comunicado según el cual Rocío Sánchez está del lado de la organización criminal. El acto de sujeción, que también puede leerse como apoyo a la continuidad de su jefa, indica el torcido entendimiento de las lealtades que funciona en esa área. La JNJ no solo debe dilucidar si las inquietantes sospechas sobre el funcionamiento de una nueva argolla judicial tienen asidero. ¿Estamos ante una tentativa para favorecer desde el Ministerio Público a imputados del corrupto Gobierno Regional de Áncash? José Cavassa es actor principal. Seguiremos informando.

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